Postal de Cuba» disidencia cubana

Yoani Sánchez: “la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba”

Cubaencuentro — Sun, 17 Jul 2011 09:49:29 +0000

“Mi hijo pasa frente a la tele y ve a Fidel Castro y me pregunta quién es ese señor”, contó Sánchez y añadió que ésta le parece una generación “más saludable”

Yoani Sánchez, creadora del blog Generación Y, afirmó en entrevista al diario de Miami El Nuevo Herald que no se va de Cuba porque es un lugar donde hay muchas cosas por hacer.
“Creo que la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba”, agregó la filóloga cubana, cuyo blog cuenta con más de 14 millones de visitas al mes.
En la entrevista, publicada hoy íntegramente en el diario de Miami, pero de la que se dio este sábado un anticipo, Yoani Sánchez habló de la sed de cambios de los cubanos al comprobar el resurgimiento de pequeños negocios en La Habana, aunque caracterizó este proceso como “de una fragilidad tremenda”, pues los cubanos no cuentan con amplios conocimientos de administración de empresas.
La bloguera opinó que los cambios económicos promovidos por el Gobiernos de Raúl Castro son “lentos y superficiales” y que los altos impuestos y el estrecho marco de las actividades autorizadas para el ejercicio del cuentapropismo revelan que “el gobierno no tiene intención de que estos pequeños negocios puedan crecer y convertirse en pequeñas o medianas empresas”.
En la entrevista, realizada por la periodista Sarah Moreno con motivo de la salida en Miami del volumen WordPress, un blog para hablar al mundo (Editorial Anaya) de la bloguera, Yoani se refirió al movimiento de blogueros alternativos del que forma parte, al señalar: “Somos gente que tenemos mucha afinidad, rebeldes por naturaleza, que blogueamos sin estar al amparo de ninguna institución ni línea editorial…”.
La bloguera también se refirió en la entrevista a una nueva generación de cubanos que desconocen quién es Fidel Castro. “Mi hijo pasa frente a la tele y ve a Fidel Castro y me pregunta quién es ese señor”, contó Sánchez para añadir que ésta le parece una generación “más saludable”.

Otra víctima del diferendo

PdC — Tue, 08 Mar 2011 07:58:39 +0000

Laritza Diversent
El juicio de Alan Gross, el subcontratista norteamericano arrestado en Cuba, quedo concluso para sentencia el pasado 4 de marzo ¿Se guiara los tribunales cubanos, a la hora de determinar su fallo, por la justicia y la razón o por las diferencias políticas que marcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
¿Qué argumentos utilizará la justicia cubana para ajustar las acciones realizadas por Gross en la isla, con la descrita en el precepto penal, que también se aplicó en los procesos judiciales contra los 75 disidentes de la primavera negra de Cuba?
En abril del 2003, 12 tribunales provinciales dictaron 28 sentencias, condenando a largas penas de encierro por el delito “Actos contra la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”, al menos 43 de los 75 disidentes. Supuestamente con su oposición y activismo político propiciaban una intervención humanitaria (armada) contra la isla.

En un video que circula en la web, un miembro de la Seguridad del Estado cubano acusa a los Estados Unidos de financiar la introducción en Cuba de equipos de comunicación satelital para crear puntos de acceso a internet fuera del control de las autoridades. Gross está acusado por distribuir equipos de conexión satelital
El gobierno cubano se siente amenazado después que redes sociales como Facebook y Twitter, fueran utilizadas para organizar protestas populares, que dieron fin al mandato de líderes dictatoriales en Egipto y Túnez, y amenazan a los gobernantes de Libia y Bahréin.
La Asamblea Nacional criminalizó las relaciones individuales de sus ciudadanos con Estados Unidos con las leyes No 80/1996 “De Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubana” y la No 88/99 “De Protección de la Independencia y la Economía de Cuba”. Significa que la condición de ciudadano norteamericano, empeora la situación de Alan Gross frente a las autoridades cubanas
Ambas normas fueron aprobadas después que Estados Unidos aprobara la ley Helms-Burton en 1996. Por su parte, el gobierno norteamericano reforzó el embargo unilateral a la isla, en reacción al derribo en aguas internacionales, de dos avionetas del grupo de exiliados “Hermanos al Rescate”, por la Fuerza Aérea Cubana y en el que murieron 4 cubanos-americanos.
“La ley del más fuerte”, eso significa el diferendo Cuba-Estados Unidos. Una carrera maratónica de obstáculos y resistencia, de acción y reacción, que dura ya medio siglo. Junto a ellos corren y caen sofocados por tan absurda política, ciudadanos de ambos pueblos. El caso de Alan Gross es una simple evidencia y otra víctima de las diferencias políticas.

Represión, más fuerte que la justicia y la razón.

PdC — Tue, 08 Mar 2011 07:56:46 +0000

Laritza Diversent
Felipe Martínez Irizar y Bárbaro López Villavicencio, a menudo desahogan las penas en una botella. La última vez que lo hicieron, se pasaron de copa y hablaron de más. Alguien los escuchó, y terminaron en prisión por planear una salida ilegal.
Los dos cienfuegueros acordaron, a finales de mayo del 2009, llevarse una embarcación, para huir del país destino México y de allí a los Estados Unidos. Pensaron localizar personas interesadas en abandonar la isla, que ayudaran con los gastos del combustible y del patrón del barco, que fingiría un secuestro. No materializaron las acciones. El 8 de junio, ambos fueron detenidos.

Rápida y drástica actuó la justicia. Para finales de noviembre ya tenían su castigo. Aun no cree que solo por planear, los sancionaran con la pena máxima que está prevista para el delito. “cinco años de privación de libertad”, falló el Tribunal Provincial de Cienfuegos en su sentencia 420/09.
Los hechos, no pasaron de la figuración de un plan, los intentos de comprar combustibles, infructuosos. Los acusados confesaron y colaboraron con la autoridad, al punto que esta no pudo localizar todas las personas mencionadas por ellos. Querían demostrar que habían desistido, en cuyo caso la ley penal, los eximía de responsabilidad. De nada sirvieron sus esfuerzos. El tribunal no les creyó.
Martínez Irizar hizo un manuscrito relatando los hechos. Ubicó los lugares que visitó, para conocer los horarios y condiciones de las embarcaciones, y donde intentó comprar petróleo. López Villavicencio confesó el nombre del capitán del ferro y de la patana, a quien “pensó hablarle para la misión”. Idea que nunca “llegó a concretar”.
Hubo otros implicados. Varios ciudadanos contactados por los acusados, que tenían igualmente la intención de abandonar ilegalmente el país. Fueron sancionados administrativamente. La Seguridad del Estado decidió, discrecionalmente, liberarlos de toda responsabilidad penal.
Otros dos estuvieron presente, cuando Martínez y Villavicencio idearon su plan. El tribunal dio por probado que Didiet Armenteros y Víctor Abreus, nunca estuvieron de acuerdo con ellos. Sin embargo, el primero resultó sancionado administrativamente con multa.
El segundo no pudo ser localizado por las autoridades. Aun no se sabe, como el órgano de justicia pudo confirmar su desacuerdo, si la Ley de Procedimiento Penal consigna que, la sola declaración de las personas, no dispensa de la obligación de practicar todas las pruebas, para la comprobación de los hechos.
La justicia revolucionaria fue severa, pero no imparcial. La balanza se inclinó, y la ley no se aplicó a todos por igual. Para los jueces fue más determinante, la proyección social y el historial delictivo de los acusados. Según el tribunal los dos negros ingieren excesivamente bebidas alcohólicas y fueron sancionados con anterioridad.
Villavicencio de 44 años de edad, mantiene un “mal comportamiento social” y “se relaciona con persona de mala conducta”. Martínez de 41, “participa en las actividades de las organizaciones de masa”, pero “se expresa mal de la Revolución” y tuvo “otros intentos de salida ilegal”. ¿Estarían los jueces prejuiciado contra los acusados?
Intrascendente fue que sus acciones no pasaran de idear un plan sin resultados, ni que la prevención fuera más educativa que el castigo ejemplarizante. Poco interesó la confesión y el arrepentimiento. El deseo de reprimir, fue más fuerte que la justicia y la razón.
Ver copia de la sentencia

La ley y la trampa

PdC — Tue, 15 Feb 2011 09:19:40 +0000

“Quien no sabe, es como quien no ve”, afirma Teófilo Roberto López Licor, después de ser parte y víctima de la arbitrariedad gubernamental. Hoy, después que él y su familia fueron despojado de todos sus bienes, aprendió que no debe confiar en la benevolencia de la ley, mucho menos de los que tienen la función de aplicarla.
En el 2008, López Licor, un cuentapropista de 67 años de edad, comenzó a recibir la visita de inspectores y policía, por denuncias anónimas de alquiler ilegal de habitaciones en su hogar. No tuvo tiempo de nada, cuando efectivos policiacos atraparon inquilinos en la casa, propiedad de uno de los miembros su familia, durante un registro domiciliario.
Lo detuvieron, a pesar de no ser el propietario de la vivienda que se alquilaba. Después de 72 horas en un calabozo, salió bajo fianza y acusado del delito de proxenetismo y trata de persona. Un mes más tarde la policía lo citó. Se sorprendió cuando le informaron solo debía pagar una multa de de 400 pesos cubanos por realizar actividades económicas ilícitas.

Las autoridades decidieron ejercer la facultad, que le da la ley, para en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal, castigar al infractor administrativamente. No entendió cuando le dijeron que le aplicarían “el 149 por enriquecimiento ilícito”. Tampoco se preocupó, tenía todos sus papeles en regla.
Creyó en su suerte y en la protección de sus santos, por no tener que enfrentar a la justicia. Ciertamente un familiar alquilaba habitaciones sin tener la licencia correspondiente, un delito en el Código Penal, pero en ellas jamás se ejerció la prostitución, como prevé el delito de proxenetismo y trata de personas.
Lejos estaba de sospechar, que las autoridades le preparaban un castigo peor, no solo a él también a su familia: la confiscación de todos sus bienes e ingresos, una medida contra la que no podrían defenderse. Ingenuo, nunca sospecho que al aceptar la propuesta de las autoridades policiacas, reconocía una culpa que no tenía.
Tampoco imaginó que habían varias normas que juzgaban el hecho y por diferentes vías: el Código Penal y los Decretos Leyes 149 y 232. Estos últimos aplican la confiscación de bienes administrativamente, por enriquecimiento indebido, drogas, proxenetismo y trata de persona, alquiler ilegal de habitaciones, etc. Nadie le informó de los riesgos, mucho menos le dieron la posibilidad de escoger.
Ignoraba que un tribunal, tenía la obligación de respetar sus derechos y ofrecerle garantías, ignoradas en el proceso administrativo que intentaban aplicarle. Un juzgado para sancionarlo necesitaba pruebas que destruyeran la presunción de inocencia y en todo caso respondería individualmente por sus actos, sin inmiscuir a su familia.
El procedimiento administrativo de confiscación, según lo preceptuado en el Decreto Ley 149, partía de su culpabilidad y sobre él pensaba la responsabilidad de buscar las pruebas que demostraran lo contrario. A pesar de que las autoridades conocieron los hechos a mediados del 2008, la norma tenía efecto retroactivo y le pedían la perdida de todo lo adquirido, por él y su familia, durante 10 años.
El 23 de julio de 2009, la Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, dictó Resolución que declaraba la confiscación del patrimonio del ciudadano Teófilo Roberto López Licor y sus familiares, Pompilio López Licor (hermano), Teófila Elsa Ávila Gutiérrez (esposa) y Antonio López Ávila (hijo).
Recurrió la decisión. Agotaron todas las vías legales posibles. Enviaron quejas y peticiones a cuanta autoridad creyeron pertinente. Incluso intentaron demandar a la titular de Finanzas y Precios ante los tribunales, pero su denuncia no prospero. Todos los esfuerzos fueron en vano. La resolución de la Ministra no podía ser recurrida en la vía judicial.
Si pudiera echar el tiempo atrás, Teófilo Roberto hubiese rechazado la generosidad de las autoridades policiacas y la indulgencia de la ley, cuando decidieron no remitir su caso al tribunal. “Jamás me paso por la cabeza que aceptando aquella oferta anulaba mis derechos ciudadanos”, sentenció, “tampoco sabía que podía rechazarla,…quien inventó la ley, también hizo la trampa”, concluyó.

Manifestación en el malecón de La Habana

PdC — Sat, 28 Aug 2010 16:31:08 +0000

Entrevista a Juan Carlos Herrera Acosta, ex prisionero de conciencia.

PdC — Tue, 24 Aug 2010 08:19:37 +0000

Primera parte

Segunda parte

Entrevista a disidente cubano José Ubaldo a su llegada a Chile

PdC — Thu, 05 Aug 2010 15:59:27 +0000

¿Liberación o destierro? (II)

PdC — Fri, 30 Jul 2010 10:14:19 +0000

Hablar de liberación a través de tercero, también reportas ventaja. Principalmente, porque la Iglesia católica de Cuba ni el representante del Estado español, tienen la facultad de pronunciarse acerca de los medios legales que se utilizará para ellos.

Analizando la realidad actual, La responsabilidad penal de los prisioneros de conciencia, según la legislación penal, podría extinguirse por amnistía, indulto o sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión.

Si realmente hubiese una intención de liberar, el Consejo de Estado emitiría una nota oficial en la que, a propuesta de su presidente que es a su vez, el Jefe del Estado y del Gobierno de la República de Cuba, indultaría a todos los prisioneros arrestados y enjuiciados en el 2003.

La Asamblea Nacional también podría hacer su parte. El ‘Órgano supremo del Estado cubano’ podría acordar, en su sesión, convocada para el próximo 1ro de agosto, una amnistía general para todos los presos políticos. Esa facultad se la reconoce la Constitución de la República.

Incluso, ambos órganos estatales podrían hacer más. El parlamento puede declarar inconstitucional la Ley No 88 de 1999 “De protección independencia y la economía nacional. Disposición legal por la que fueron enjuiciados el grupo de los 75 disidentes, que violenta y restringe, el derecho de expresión, opinión e información.

El Consejo de Estado también tiene la potestad de ordenar al Tribunal Supremo, realizar un procedimiento especial de revisión y absolver a los encausados en la ‘Primavera Negra’ del 2003. Constitucionalmente tiene la facultad de impartir instrucciones a este órgano de justicia.

El análisis nos lleva a una conclusión: El hecho de que se hable de liberación, pero no de las acciones a través de las cuales deben formalizarse legalmente, hace suponer que el gobierno cubano intenta encubrir la salida forzosa del país de los 52 presos políticos. Acto ilegitimo y violatorio de los derechos de estas personas.

Ningún acto gubernamental, tiene amparo legal, para forzar a un nacional a abandonar el país. Los cubanos no pueden ser desterrados de su propia tierra.

Laritza Diversent

Nuestro Héroe Ariel Sigler Amaya llega a Miami

PdC — Thu, 29 Jul 2010 06:50:35 +0000

* tomado de babalublog.com

Normando Hernández: Memorias del destierro

PdC — Mon, 19 Jul 2010 11:19:51 +0000

Declaraciones de Normando Hernández, uno de los presos políticos de la primavera negra que han sido deportados a España.

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